INV con 973 normas menos: ¿desburocratización histórica o riesgo en la copa?
En estos días se empezó a hablar fuerte de que el Gobierno “barrió” con casi mil normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En esta nota trato de ordenar la información, bajarla a tierra y entender qué puede pasar con la copa que llega a tu mesa.
¿Qué se decidió exactamente?
Arranquemos por el dato duro: el 7 de noviembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 37/2025 del INV. Ahí el organismo aprueba un nuevo Digesto Normativo (un compendio único de reglas) y, como parte de esa movida, deroga 973 normas que venía aplicando desde hace décadas. La medida entra en vigencia el 1 de enero de 2026.
Para tener dimensión: según los datos difundidos por el propio Gobierno, el INV pasa de tener 1.207 normas vigentes a unas 234. Es decir, se saca de encima cerca del 80% de su andamiaje histórico. [fuente: BAE Negocios]
Hasta ahora, el INV no sólo analizaba el vino en laboratorio, sino que también:
- Hacía inspecciones dentro de las bodegas.
- Controlaba movimientos internos de vino y mosto.
- Emitía permisos de tránsito para que el vino pueda circular.
- Administraba trámites de trazabilidad como origen, añada y varietal.
Con el nuevo esquema, todo eso se redefine: se eliminan miles de inspecciones y permisos, y el foco pasa a ser el vino ya embotellado, listo para vender.
El nuevo rol del INV: menos “policía de bodega”, más laboratorio
Si lo pensamos en imagen, el INV deja de ser el inspector que entra a la bodega a revisar papeles, tanques y movimientos, y pasa a ser el que toma muestras de las botellas ya terminadas, las manda al laboratorio y dice: “esto es vino, esto no”.
En los papeles, el cambio se justifica así:
- Se eliminan normas obsoletas o redundantes.
- Se apunta a trámites digitales, declaraciones juradas y controles basados en riesgo, no en visitas rutinarias.
- Se busca sostener los estándares de seguridad alimentaria pero con un Estado “más liviano” y menos burocracia.
El Gobierno y buena parte de las bodegas grandes argumentan que el esquema anterior era “sobredimensionado, caro e ineficaz”, y que el nuevo modelo permite ganar tiempo y plata sin resignar controles serios sobre la calidad del vino en góndola.
El tema caliente: el CIU y la trazabilidad
Donde realmente se calienta la discusión es en el Certificado de Ingreso de Uva (CIU).
El CIU es el papel (o trámite digital) que, dicho mal y pronto, deja constancia de cuánta uva entra a una bodega, con qué grado de azúcar, y a partir de ahí se puede estimar cuántos litros de vino deberían salir. Es la primera ficha de dominó en la trazabilidad: saber que lo que está en la botella empezó siendo uva de verdad y no vaya uno a saber qué.
Con la nueva resolución:
- El CIU no desaparece, pero deja de ser obligatorio. El productor o la bodega que lo quiera usar, puede seguir usándolo igual que antes; simplemente el Estado ya no lo exige para todos. [fuente: Los Andes]
Acá se abre la grieta interna del sector:
- Desde el Gobierno y parte de las bodegas, la lógica es: “si el vino final está bien analizado, no hace falta que el Estado controle cada uva que entra; eso es costo y burocracia”.
- Desde COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), gobiernos provinciales y varias cámaras, el mensaje es otro: “sin CIU obligatorio, se rompe la cadena de trazabilidad y se abre la puerta a problemas serios de calidad y de confianza, adentro y afuera del país”.
Ventajas que se buscan (los “pro”)
Si te ponés en la piel de una bodega —sobre todo mediana o grande—, los puntos a favor que se mencionan son:
1. Menos burocracia y tiempos muertos
- Desaparecen alrededor de 5.000 fiscalizaciones presenciales por año.
- También se eliminan unos 140.000 permisos de tránsito anuales que las bodegas debían tramitar para mover vino entre plantas, hacia fraccionadores o distribuidores.
Todo eso son horas de gente, papeles y esperas que, en teoría, se liberan para enfocarse en producir y vender.
2. Ahorro de costos y mayor competitividad
Los funcionarios y varias notas especializadas repiten la idea de que estos controles generaban costos, demoras y pérdida de competitividad. Menos trámites = menos estructura administrativa para sostenerlos. En un sector presionado por la caída del consumo interno y la competencia de vinos importados, cualquier alivio en costos fijos es bienvenido.
3. Más foco en el vino terminado
- Se concentran recursos en el producto final, con análisis de laboratorio que detectan si el vino es apto, está adulterado, etc.
- La idea es correr el foco del “formulario” a la calidad en copa.
4. Responsabilidad empresaria
El mensaje político de fondo es: “tratemos a las bodegas como adultos, no como sospechosos permanentes; el que haga las cosas mal, que se haga cargo cuando lo agarre el control analítico”.
Riesgos y dudas (los “contra”)
Del otro lado del mostrador, hay varios temores que no son menores:
1. Trazabilidad más débil
- Sin CIU obligatorio y sin controles en las etapas intermedias, se hace más difícil seguir el rastro desde el viñedo hasta la botella.
- COVIAR y varias provincias marcan que esto puede dañar uno de los activos más importantes del vino argentino: que afuera confían en que el producto está serio y controlado.
2. Riesgo de adulteraciones y “vino estirado”
La historia de la vitivinicultura argentina ya tuvo episodios de adulteraciones que terminaron muy mal, y cada vez que se relajan controles aparece ese fantasma: ¿qué pasa si el INV llega tarde y el problema ya está en góndola?
3. Competencia desleal
Los productores y bodegas que vienen haciendo todo prolijo sienten que, sin un piso mínimo de control, pueden aparecer jugadores “pícaros” que abaraten costos a costa de calidad, generando una cancha inclinada.
4. Pérdida de información para planificar
Esos registros detallados (ingreso de uva, inventarios, movimientos) no sólo servían para controlar, también alimentaban estadísticas y decisiones de inversión. Ex autoridades del INV advierten que sin esos datos se toman decisiones “a ciegas”. [fuente: Ambito]
La cuenta pendiente: ¿cuánto ahorra el Estado y qué hace con esa plata?
Acá aparece una pregunta que, por ahora, nadie respondió con números sobre la mesa.
En los comunicados oficiales y en las notas de prensa se repiten dos datos:
- En 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito.
- Hizo más de 5.000 inspecciones a bodegas al año.
Está claro que dejar de hacer todo eso reduce trabajo administrativo y operativo: menos horas de inspectores viajando, menos tiempo cargando datos, menos estructura para procesar expedientes, menos sistemas para sostener esa burocracia.
Lo que no aparece en ningún lado, al menos al momento de escribir esta nota, es:
- ¿Cuánto representa ese recorte en pesos dentro del presupuesto del INV?
- ¿Ese ahorro se va a traducir en un menor gasto del Estado o simplemente en reasignar gente a otras tareas?
- ¿Se va a usar esa plata para reforzar laboratorios y controles analíticos (que ahora son la estrella del sistema)?
- ¿O va a terminar licuándose en algún otro lado del Estado nacional?
Es una pregunta clave porque cambia la lectura de la medida:
- Si el ahorro es significativo y se destina, por ejemplo, a mejorar tecnología de control, podría leerse como un cambio de foco más que como un simple recorte.
- Si el ahorro es marginal en términos fiscales y la principal consecuencia es sólo alivianar la vida administrativa de las bodegas, entonces el eje de la discusión es otro: ¿cuánto vale relajar controles a cambio de ganar velocidad y comodidad?
Te la dejo abierta para abrir debate en los comentarios:
¿Te parece razonable que el Estado suelte estas 5.000 inspecciones y 140.000 permisos por año?¿Preferirías que el posible ahorro se vea en menos impuestos, en mejores laboratorios, en más controles a la exportación… o en otra cosa?
¿Y ahora qué? Lo que puede venir a partir de 2026
Hay algo importante: la película todavía se está filmando.
- El INV se sentó en la mesa con Mendoza, San Juan y representantes del sector para escuchar críticas y dudas. Hay bastante acuerdo en aliviar burocracia, pero el CIU y la trazabilidad dejaron ruido fuerte.
- COVIAR y las provincias productoras piden que se revise la opcionalidad del CIU antes del 1 de enero de 2026. Plantean que hay consenso para mantenerlo obligatorio y que, si se quiere simplificar, se haga mejorando la herramienta, no soltándola.
- Del lado empresarial, muchas bodegas ven la oportunidad de ganar eficiencia, pero al mismo tiempo reconocen que habrá que diseñar mecanismos propios de trazabilidad y certificación, sobre todo si quieren seguir vendiendo en mercados externos exigentes.
En el medio, está la percepción del consumidor: si la discusión se instala sólo como “menos control = vino más riesgoso”, el golpe de imagen puede ser peor que cualquier formulario extra. Si, en cambio, el sector logra combinar menos burocracia con estándares privados fuertes, el resultado puede ser un vino argentino más competitivo sin perder seriedad.
Para seguir leyendo: fuentes oficiales y documentos
Para quien quiera ir a la fuente original y no quedarse sólo con la interpretación, dejo algunos enlaces útiles:
- Resolución 37/2025 del INV (Digesto Normativo y derogación de 973 normas, vigencia desde el 1/1/2026), en el Boletín Oficial.
- Notas explicativas sobre la reforma y coberturas y análisis en medios económicos:
- BAE Negocios,
- Infobae
- Trade News
- Ámbito
- Tiempo Argentino
- Vinetur
- Los Andes
- Posición de COVIAR y cámaras provinciales sobre la trazabilidad y el CIU obligatorio.
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