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| Desregular para crecer. La idea que propone el gobierno a los bodegueros, que ven claroscuros en la iniciativa. |
Desregulación sí o no: el debate entre bodegueros ante la crisis que vive el vino.
El ministerio de Federico Sturzenegger eliminó casi mil normas para el sector a fin de impulsar las ventas, pero no todos los actores de la industria están de acuerdo. Una discusión que se extiende al calor de los cambios de hábitos de consumo y la necesidad de competir para exportar.
Mientras bodegueros y productores intentan adaptarse al nuevo escenario, para el Gobierno nacional la solución es achicar la burocracia: el mes pasado, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, anunció la eliminación de cerca de mil normas que rigen para el sector con el objetivo de reactivar las ventas. Pero, entre los principales actores de la industria, existen posiciones encontradas.
El desplome es notorio y constante: en el 2000 se bebían 37,8 litros por persona y en el 2013, 25,6. En ese nivel se estabiliza hasta que, en los últimos años, comenzó un nuevo derrumbe: en 2021, cada argentino bebió 18 litros, mientas que en 2024 la cifra bajó a 16,3 litros por persona.
Si bien Salentein tuvo muy buenos resultados en los últimos diez años y fue una de las pocas bodegas argentinas que logró crecer en volumen y facturación, también sufrió el impacto de la desaceleración de los mercados en los últimos dos años. “Es realmente un escenario nuevo para nosotros”, dijo, y subrayó el carácter altamente competitivo del mercado mundial del vino.
“Argentina no es tan competitiva: por su moneda apreciada, por la carga impositiva, el costo de transporte alto y la falta de tratados de libre comercio en comparación con otros países como Chile y Australia”, agregó.Para Pablo Etchart, titular de la reconocida Bodega San Pedro de Yacochuya, del Valle Calchaquí, en Salta, la caída es parte de un cambio de hábitos general. “En casi todo el país, sacando las grandes capitales, hasta hace no muchos años se dormía la siesta y se almorzaba en las casas al mediodía. Y generalmente se tomaba vino”, dijo a RÍO NEGRO, y agregó que ahora, con la jornada completa de trabajo, “uno sale a a almorzar cerca de la oficina y no va a tomar vino”.Otros dos culpables, según el bodeguero, son la “onda fitness” y “las leyes de alcoholemia”. “El tipo va al gimnasio a quemar calorías y como le dicen que el vino tiene muchas calorías, no lo toma”, dijo. “Es curioso que en un país productor tengamos alcoholemia cero”, agregó.
Desregulación sí.
El pasado 7 de noviembre, el ministerio de Sturzenegger, a través de la resolución 37/2025, que cuenta con la firma del titular del INV Carlos Tizio, derogó 973 normas vinculadas a la industria vitivinícola. A partir del 1° de enero, el INV controlará únicamente el vino en la góndola y dejará de revisar todo el proceso productivo. Según escribió Sturzenegger en X, la decisión busca darle “flexibilidad y libertad” a la industria.
Juan Barbier, bodeguero de tercera generación de la bodega De Ángeles, en Mendoza, sostuvo que la desregulación puede beneficiar a la industria al reducir cargas administrativas y, potencialmente, bajar costos. “Yo creo que va a tener mucho más efecto en las bodegas grandes”, dijo. “Hay bodegas en las que yo tengo conocidos que te dicen: ‘He tenido al INV desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde metido acá dentro’”, relató en diálogo con este medio. Juan Barbier, bodega De Ángeles (Mendoza).Ghirardelli, de Agrestis, también dice estar de acuerdo con la desregulación: para el empresario, el 95% de las normas derogadas eran “obsoletas”. “Hay una serie de costos que bajarían porque, sobre cada trámite, hay que pagar un arancel”, dijo a RÍO NEGRO. Y agregó que el papeleo es tan engorroso que algunas de “las bodegas más grandes tienen un empleado exclusivamente dedicado a esto y las más chicas tienen que recurrir a algún gestor”. Además, agrega, habría “mayor libertad para trabajar sin tantos controles, controles de inventario, que no son tan necesarios”.Piederiet, de Salentein, acuerda con el espíritu de la medida y señaló que reducen “costos y burocracia”. Sin embargo, advirtió que, dada la cantidad de las regulaciones eliminadas, “seguramente cometieron algún error que luego habría que corregir”.Desregulación no.
“Como sector debemos ser muy críticos a cualquier cambio: es el interés de todas las bodegas y productores profesionales que se mantenga un alto estándar. Los problemas con la calidad pueden destruir todo un sector”, agregó.
Es que, al limitarse a controlar el producto final, el Estado dejará de identificar el origen real de la materia prima. “Por ejemplo, el INV no va a controlar más, si en la etiqueta que dice ‘origen Agrelo’, realmente la uva vino de Agrelo”, afirmó Piederiet.
Para el CEO, la trazabilidad del origen de la uva es el tema más sensible. “La pregunta es: ¿cómo lo vamos a controlar y garantizar? ¿Por ley? ¿O por voluntad privada? Creo que sería bueno mantener un control centralizado y formalizado sobre el origen de la uva”, afirma.- “Hay una serie de costos que bajarían porque, sobre cada trámite, hay que pagar un arancel. Seguramente habrá mayor libertad para trabajar sin tantos controles, controles de inventario, que no son tan necesarios”.
El quid de la norma es la polémica eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de la Uva (CIU). El CIU, que actualmente no es optativo, funciona como una especie de DNI de la uva, consigna información clave como cantidad, variedad, grado de maduración y tenor azucarino de la fruta. Es crucial para los viñateros que no tienen bodega y entregan su cosecha a terceros para que elaboren el vino.
“El CIU tiene que seguir siendo obligatorio”, dijo a RÍO NEGRO Rubén Blanes, vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM). Para Blanes, convertirlo en opcional “deja desprotegido al que ingresa la uva” y erosiona la confianza de los consumidores en la autenticidad del producto que compran.A principios de diciembre, la AVM, junto a la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas (Carpa) presentaron un amparo ante la Justicia Federal de Mendoza. Esta semana, el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Pablo Oscar Quirós, restableció la obligatoriedad del CIU por cinco meses, observando que existe una “asimetría de poder entre la bodega y el productor”.Los bodegueros valoran que se desburocratice la actividad y se reduzcan costos, pero advierten por la pérdida de la trazabilidad y la certificación de calidad.Sturzenegger consideró el argumento del juez como “desopilante”. “La opcionalidad del CIU era darle más libertad a los productores, pero la libertad de mercado asusta”, dijo a La Nación el ministro de Transformación y Desregulación del Estado.Sin embargo, muchos en la industria, celebraron la decisión del juez. “Costó mucho que el vino argentino sea reconocido afuera por su calidad”, dijo Blanes. “Hoy en día no se está importando el vino porque sea más barato que en otros lados. Se está comprando vino a la Argentina porque se sabe todo el control que tiene la producción”, afirmó. “El Estado se retira y eso no va a ayudar a toda esta situación: la va a empeorar”, concluyó.Publicado en Diario Río Negro.
